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Redacción Prensaglobal.com
El pasado domingo 17 de noviembre, Marco Antonio Rodríguez Rico se vio involucrado en un accidente automovilístico en Guadalajara. El ahora ex funcionario fue sometido a la prueba de alcoholemia, resultando con segundo grado de ebriedad. Además de él fueron cesados de sus funciones tres elementos de la Policía Vial por no haberlo remitido al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA).
El gobierno del Estado informó que Rodríguez Rico amenazó a los involucrados en el accidente, así como a los policías que acudieron a atender el caso. Tras estos hechos, las autoridades tomaron la determinación de cesarlo de su cargo.
Si bien no se encontraba en el desempeño de sus funciones y estaba fuera de sus horarios de trabajo, hay evidencia de que Rodríguez Rico pretendió sacar ventaja de su condición de servidor público.
Marco Antonio Rodríguez Rico ocupaba un puesto de confianza de nivel 9 y estaba comisionado en el área de Egresos en la Subsecretaría de Finanzas, con una antigüedad de cinco años. Ha sido requerido por el área de Recursos Humanos para el procedimiento administrativo de su baja definitiva, dando cuenta del caso a la Contraloría del Estado y a la Subsecretaría Jurídica.
Tras registrarse el percance automovilístico, acudieron al lugar de los hechos elementos de la Policía de Guadalajara, así como elementos de la Policía Vial a cargo de la Fiscalía General del Estado. Los agentes viales José Magaña Orozco, Isaías Limones Macías y Gabriel Martínez Parrilla procedieron a la realización de la prueba de alcoholemia, misma que resultó positiva con .60 milligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que equivale a segundo grado de ebriedad.
De acuerdo al reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, el procedimiento en este caso es el de remitir al sujeto al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA), lo cual no ocurrió. Debido a esto, los tres agentes viales han sido cesados de sus funciones hasta que la Dirección de Asuntos Internos determine lo procedente. La sanción para los agentes podría ir desde una amonestación, suspensión o, en su caso, cese definitivo de sus funciones.
