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Leticia Arana
Puesto que la protección de los derechos ciudadanos, es impostergable, urge que el gobierno estatal y federal, respectivamente, establezcan un plan integral de atención a personas afectadas, por hechos violentos como el ocurrido el pasado 22 de febrero en Jalisco, tras detención y muerte del líder del CJNG, Nemesio Oseguera, afirma, Claudia Murguía Torres, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, luego de aprobarse este acuerdo legislativo:
“…Se avaló un acuerdo legislativo para proponer respetuosamente a los poderes ejecutivos estatal y federal, la configuración de un plan integral de atención a las personas afectadas que permita identificar y atender necesidades en materia patrimonial, de salud física y psicológica, reactivación económica, infraestructura y movilidad…”
Indica que, con esto, se pedirá a las autoridades gestionen recursos para solventar perjuicios personales, o indemnización por pérdidas a causa de hechos de inseguridad, como está previsto en la Ley General de Víctimas. Del mismo modo, precisa que proponen se realice un padrón y censo general de personas y daños registrados en los municipios impactados, con base en información de dependencias federales, estatales y municipales, con el fin de dimensionar el alcance de las afectaciones y definir acciones de atención o solución.
En este sentido también se hace necesario, añade, que se convoque a las y los alcaldes de municipios con más daños para coordinar acciones de remediación. Del mismo modo, indica que se aprobó reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, a fin de hacer más accesible, rápido y favorable el procedimiento para reclamar indemnizaciones por perjuicios producto de actuación irregular de las autoridades, pues el objetivo es la reparación efectiva.
Por cierto, el gobernador, Pablo Lemus Navarro, durante sesión de seguridad y reunión con el sector empresarial de Puerto Vallarta, para fomentar el reimpulso, frente a afectaciones por los recientes sucesos violentos, garantiza respaldo hacia la reactivación económica, turística y productiva de este destino. Para tal propósito, confirma la instalación de cinco mesas de trabajo interinstitucional, que prioricen la seguridad pública, inversión en promoción y programas de interacción o movilidad social.
