Leticia Arana
Con amplia impunidad, la extorsión a cargo de grupos del crimen organizado, tiene de rodillas a miles de pequeños y medianos empresarios en el país, cuya afectación amenaza la estabilidad y productividad como motor económico, sentencia, presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, al destacar que tal panorama, evidencia una clara ausencia del Estado y su incapacidad para frenarla:
“…Cada semana, cada día, hay hechos dolorosos que no confirman que vivimos en un país, donde la violencia cotidiana crece, donde la extorsión estrangula economías locales, donde la impunidad alimenta el enojo social y donde la ausencia del Estado, abre espacios que jamás debieron perderse. El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo y las movilizaciones que generaron y continúan, son un reflejo de un descontento que cruza generaciones, profesiones y regiones. Esto que pasa es espejo de las urgencias que enfrenta México, en materia de seguridad. Actualmente levantan la voz, jóvenes, médicos, enfermeras, trabajadores del poder judicial, transportistas, agricultores, universitarios, voces distintas que demuestran un país, cansado de vivir con miedo, cansado de la incertidumbre, cansado de la falta de respuestas y resultados…”
Indica que extorsión y el cobro de piso, como signo lacerante de la falta de contenciones por miedo, acentúa la desconfianza general hacia las autoridades, en su mayoría, cooptadas o controlada, en realidad, por los carteles delictivos. Estas prácticas delincuenciales, añade, dejaron de ser marginales para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en muchas regiones del territorio nacional:
“…No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la Ley, sustituyan al Estado, decidiendo quien trabaja, quien invierte, quien abre, quien cierra y quien se va …”
La extorsión, reitera, es el delito que prácticamente mata a las Mipymes, destruye empleos, vacías comunidades, inhibe o ahuyenta la inversión, distorsiona mercados y provoca migraciones silenciosas y forzadas. La expansión de este flagelo, agrega, es prueba más dura de la falla institucional del gobierno federal, que ha modificado la impartición de justicia, toda vez que, sin protección, no hay libertad económica, ni convivencia. Lamenta que, hasta este onceavo mes del año, más de ocho mil 500 productores, empleadores y emprendedores, han sido víctimas de extorsión en el país, cinco por ciento más que 2024, debido a colusiones y represalias, carentes de freno y consecuencias.
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