Reforma a Ley de Vivienda, Regulará el Arrendamiento Informal que supera el 50% en Jalisco: OCR

Leticia Arana

Dado que tres de cada siete personas en Jalisco, vive en inmueble alquilado y más de la mitad sin contrato legal de arrendamiento, se hace necesario reformar diversas disposiciones del Código Civil estatal, la Ley de Justicia Alternativa, de Vivienda y Catastro municipal, respectivamente, a fin de acabar con la incertidumbre jurídica, que muchas veces genera situaciones de inseguridad, sentencia diputado, Omar Enrique Cervantes Rivera, al presentar iniciativa denominada, Renta Segura:

“…Esta propuesta, tiene como finalidad establecer mecanismos de confianza y protección en los contratos de arrendamiento, garantizando el acceso efectivo a la justicia en las relaciones de arrendamiento habitacional, mediante cláusulas preventivas de métodos alternos de solución de controversias; se trata de que tanto el arrendador como arrendatario, cuenten con seguridad y certeza jurídica que evite problemas que pueden trascender de forma negativa…”

Indica que, con ello, también se propone crear un Contrato Modelo de Arrendamiento, validado por el Instituto de Justicia Alternativa, que promueva condiciones equitativas y esté vinculado al registro Estatal de Vivienda, de tal forma que se priorice un orden o gobernanza territorial y política pública para habitar. Del mismo modo, destaca que esta reforma, evitará abusos o excesos de tabulares para cobros de renta, según zona, así como el que determinado inquilino, se asuma con derecho a quedarse indefinidamente en un inmueble, y recurra al llamado, depósito de renta en juzgado, y aspirar a ser eventual propietario, por derecho de antigüedad habitacional.

Subraya que con esta reforma, se espera la reducción de litigios civiles, prevención de conflictos, desalojos arbitrarios, formalización del mercado de la vivienda en renta, fortalecer la confianza y equilibrio, reactivación del parque habitacional y disminución del gasto público en justicia civil.
Así mismo , expone que se revisa la Ley de Vivienda y Catastro, con el propósito de garantizar a dueños de inmuebles, la legítima posesión de estos, inscritos en el registro público de la propiedad.