Leticia Arana
Los cambios constitucionales aprobados por el Congreso de Jalisco, para extinguir al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, ITEI, de ninguna manera reducirán la rendición de cuentas y transparencia de los más 500 sujetos o instancias públicas obligadas a ello, toda vez que la Contraloría Estatal, asumirá la función de revisión y “vitrina” de referido organismo, en proceso de desaparición.
Al precisarlo, el legislador morenista, Alejandro Barragán, asegura que, durante los siguientes tres meses, tiempo en el que se diseñarán las leyes secundarias del nuevo esquema, el ITEI atenderá o resolverá solicitudes de información, sobre determinado ente público, en coordinación con los órganos internos de control:
“…Ya se analizaron las leyes secundarias propuestas por el Poder Ejecutivo, buscando consolidar un sistema sólido que proteja los datos personales y promueva la apertura institucional en beneficio de los ciudadanos. El ITEI, cumplirá su función todavía estos 90días. La Contraloría se encargará de administrar no solo lo que está pendiente en el pasado, sino lo que pueda surgir en estos días. Descartado que vaya a haber limbo informativo o lapso que pueda limitar o violentar los derechos que tenemos como jaliscienses al acceso a la información pública…”
Indica que el gobernador, Pablo Lemus Navarro, realizará la declaratoria oficial sobre derogación del ITEI, tal y como hizo la presidenta, Claudia Sheinbaum, con el INAI, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
Por su parte, la legisladora de MC, Celenia Contreras González, destaca que esta Entidad, ha sido referente nacional en transparencia y aunque esta reforma constitucional obliga adaptar el marco legal local, es posible garantizar el derecho a la información pública mediante ajustes precisos en la leyes secundarias. Menciona a su vez, que la creación de un organismo desconcentrado dentro de la Contraloría permitirá atender requerimientos y recursos de revisión, dar máxima publicidad ante duda sobre reservas temporales, así como garantizar la gratuidad del acceso a la información, limitando el cobro únicamente a la reproducción y entrega. También y lo más importante, añade, será la reducción del plazo para resolver recursos de revisión a diez días, en lugar de los cuarenta, contemplados en la propuesta original, del Poder Ejecutivo.
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