Leticia Arana
Tras rechazar lentitud o rezago en investigación sobre muerte de Giovanny N, de 30 años de edad, quien el pasado cuatro de mayo, fue objeto de detención y fuerza policial, que provocaron su muerte en separos de Ixtlahuacán de los Membrillos, el Fiscal General de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, niega, según avance ministerial, que desacato de la víctima a uso de cubrebocas, fuera causa de tal acción:
“…Con el ánimo de aclarar alguna de las circunstancia que en este momento, están muy adelantadas y debidamente acreditadas por parte del Ministerio Público; en primer término se solicitaron informes a la autoridad municipal para efectos de empezar a integrar la carpeta, se dijo en algún momento que la detención había sido porque el joven no portaba un cubreboca, tenemos un informe que obra en actuaciones, en donde no se hace referencia a este hecho, únicamente se hace referencia a una detención administrativa, de una persona agresiva. Entonces lo primero sería establecer que ya se cuenta con un informe que hace perfectamente la diferencia, en cuanto a cómo se originaron los hechos, porque pareciera que el motivo por el cual se hubiera abordado a este joven, era la falta del cubreboca…”
Enfatiza existencia de circunstancias que exigen delinear la probable responsabilidad de servidores públicos por uso de la fuerza, al momento de citada detención, situación que será claramente determinada por los peritos, pues de ser así, y como ha instruido el Gobernador, Enrique Alfaro, no se permitirá tolerar este tipo de abusos policíacos, bajo ninguna circunstancia o justificación, lo que redundará en fincar sanción penal contra los uniformados implicados:
“…Aun cuando se quiere mencionar en un informe rendido por la autoridad municipal, ciertas circunstancias, el Ministerio Público, no coincide de entrada con las versiones vertidas, dada el resultado de la autopsia que ya obra en actuaciones en donde se advierten una serie de lesiones que por su naturaleza llevan a una gravedad extrema que puede propiciar la muerte….”
Subraya que la secrecía de toda carpeta de investigación, obliga al Ministerio Público a trabajar en silencio, para resolver con éxito la indagatoria o quede debidamente probada. Admite que adicional a este presunto abuso policial que deberá castigarse de acuerdo a ley, existen otros dos expedientes similares, en referido municipio, además de destacar que Giovanny no fue herido de bala, toda vez que la causa de muerte, fue traumatismo cráneo encefálico:
“…Tenemos al menos otras dos, en donde también otros dos Ministerios Públicos, está haciendo actos de investigación tendientes a demostrar la no responsabilidad por parte estos servidores públicos…”
Por su parte, el alcalde de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes Aguilar, en comunicado oficial, sostiene o rechaza, que hubiese ofrecido 200 mil pesos a la familia del occiso, por no publicar un video, que evidencia la fuerza policial. Afirma que en su gestión no se tolera la brutalidad policial, abuso de autoridad y mucho menos violaciones graves a derechos humanos, que deriven en privación de la vida. Añade que los elementos señalados, están desarmados, y remitidos a actividades administrativas, en tanto se deslinda o aclara su culpabilidad, en ese suceso.
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