Brenda Montiel
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Puerto Vallarta, Jalisco
En septiembre de este año el juez de la Sexta Junta Unitaria del Tribunal, ordenó el arresto administrativo del tesorero municipal Samuel Pelayo Paz, a raíz de la sentencia de un juicio que reclama el pago de 13 millones de pesos por impuestos, prediales y negocios jurídicos por parte de la empresa Cabo Vallarta S.A de C.V.; sin embargo, se promovió un amparo y el arresto no se ejecutará.
El director jurídico del Ayuntamiento, José Santiago Leal, explicó que la orden quedó sin efecto a mediados de octubre, por lo que no afecta al tesorero.
“No va a ser posible que la fiscalía lo aprehenda, en otro termino más adecuado es que lo arreste, no se trata de una orden de aprehensión como se manejó en algún momento, no se trata de meterlo al cerezo. Es un arresto administrativo pero sin embargo ya no está vigente porque se concedió la suspensión definitiva al tesorero. Hay otras alternativas que estamos explorando al llegar a la dirección Jurídica, esto es un poco reservado ya que estamos en vías de negociación con el quejoso, que esto me lo reservaría por el momento ”, reveló, Santiago Leal.
Señaló que esto es asunto que la administración que encabeza Ramón Guerrero Martínez heredó, y esta situación se dio por no ser atendida en su momento. Puntualizó que el tesorero no es la instancia que determina pagar o cumplir una sentencia, y esperan que a Comisión de Hacienda emita una resolución para el pago de esta sentencia.
Lo que es un hecho es que en algún momento el ayuntamiento de Puerto Vallarta tendrá que cumplir la sentencia aunque no se sabe si sea por pago o por la vía de un pago sustituto.
Al día de hoy el gobierno municipal debe 200 millones de pesos por 80 juicios laborales y administrativos no atendidos en administraciones pasadas.
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