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Leticia Arana
Toda vez que se cometió un crimen de Estado, por las detenciones ilegales de civiles pacíficos y uso excesivo de fuerza policial para reprimir la manifestación ciudadana del domingo pasado por solución al agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara, el gobernador, Pablo Lemus Navarro, tendría que ser sometido a juicio político, propone diputado, Alejandro Puerto Covarrubias, al asegurar que se incurrió en un evidente atropello a los derechos humanos:
“…La represión que vimos el día domingo, constituye un crimen de Estado, dado que hubo alevosía en todas las etapas previas a la represión; desde antes el gobernador, se había comprometido a que no habría represión, sin embargo desde días antes comenzaron a esparcir noticias falsas respecto a la calidad del agua, para inhibir la participación de las personas, y los crímenes deben de perseguirse, así que atendiendo al llamado de la gente, en las calles, vamos a defender a que Jalisco tenga agua limpia que sea a través de instituciones públicas. Además reuniremos información para la posibilidad de presentar juicio político, necesitamos todas las constancias necesarias para acreditar, en primer lugar, la garantía que dio Pablo Lemus de que no habría represión, y en segundo lugar, que hizo para evitar la represión el día domingo, y en tercer lugar, que acrediten su presencia en Casa Jalisco; tenemos que acreditar que tenía conocimiento de todo …”
Indica a su vez que, solicitarán la comparecencia ante el Congreso, de funcionarios con mando, o del Gabinete de Seguridad, así como del secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, el titular de la Fiscalía Estatal, Salvador González de los Santos, y del de Protección Civil, Sergio Ramírez López, para que expliquen e informen sobre los hechos y esclarezcan la actuación de las autoridades que ordenaron las agresiones, fincar responsabilidades y analizar su posible separación del cargo, sin excluir la investigación de elementos operativos que participaron directamente en la violencia. Del mismo modo, destaca que estaría promoviendo la revocación de mandato, del ejecutivo estatal.
