Aprueban Diputados, Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento Criminal de Menores, en Jalisco: AMO

Leticia Arana

Ante la urgencia de mejores mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y municipales que garanticen la prevención, atención y erradicación del reclutamiento con fines criminales o de explotación, de niñas, niños y adolescentes en Jalisco, diputados integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso Estatal, aprobaron la Ley en esta materia, que permitirá proteger los derechos e interés superior de la niñez, confirma, Adriana Medina Ortiz, diputada presidenta de esta fracción legislativa:

“…Este es un dictamen ampliamente razonado y justamente aprobado, considerando el riesgo cada vez mayor que corren las y los menores de edad, en un contexto de evidente inseguridad, donde los grupos delincuenciales, actúan impunemente o sin freno, en perjuicio de sectores vulnerables y la sociedad misma. Esta nueva legislación busca brindar atención integral a las víctimas conforme a lo establecido en la Constitución Mexicana, los tratados internacionales suscritos por México y la legislación vigente en la materia…”

Detalla que entre los principales objetivos de esta Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, destaca la creación de un sistema de información con indicadores que posibiliten identificar, medir y prevenir el reclutamiento de las y los menores de edad, además de garantizar la asistencia, protección y acompañamiento integral de quienes hayan sido víctimas de este delito, así como el diseño e implementación de acciones especializadas, incluyendo albergues adecuados para su atención y reinserción social, centros o refugios temporales y acceso a servicios multidisciplinarios de salud médica, psicológica, psiquiátrica, alimentación y educación, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.
Destaca que esta normativa, también responde a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que a su vez implica sustituir progresivamente, los códigos procesales civiles locales, además de armonizar la legislación mediante actualización de referencias normativas, garantizando la continuidad operativa y jurídica del sistema de justicia, en esta Entidad.