Leticia Arana
Mientras no se fortalezca el marco constitucional desde el Legislativo local, Jalisco seguirá indefenso o sin solucionar la infiltración del crimen organizado, en mayoría de los espacios de gobierno tanto municipal como estatal, enfatiza el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales en esta Entidad, Antonio Lancaster Jones, al precisar que la extorsión institucional, lamentablemente crece, en niveles de decisión y productividad:
“…Urge una reforma constitucional para blindar elecciones y combatir la influencia e infiltración de grupos delincuenciales, específicamente en espacios de alto interés por la facilidad de control; se necesita blindar el quehacer institucional, para evitar riesgos que impacten en el crecimiento económico del Estado. Lo que pasó en Tequila, y puede estar sucediendo en otras regiones aquí, evidencian el control del crimen organizado en estructuras municipales, y esto es algo inaceptable que tendrá fuertes consecuencias…”
Indica que debe priorizarse el blindaje electoral, basado en un debate técnico y transparente, con reglas que verdaderamente protejan los derechos de la ciudadanía. Para esto, añade, se hace necesario mejorar los estándares de elegibilidad para cargos públicos, con requisitos más estrictos que impidan el acceso al poder, a personas con vínculos criminales o afiliados, por compromiso, a organizaciones delictivas, pues de lo contrario, enfatiza la extorsión seguirá adueñada de todos los procesos. En este sentido, añade, también tendrán que fortalecerse las facultades y recursos de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, a fin de que investigue de oficio, ante indicios públicos sobre uso indebido del poder, un problema que se ha enquistado y urge erradicar de raíz.
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