Jalisco, Deberá Tipificar como Delito, el Reclutamiento Forzado y Criminal, de Menores de Edad: MMM

Leticia Arana

Con el propósito de que el reclutamiento forzado criminal de menores de edad en Jalisco, sea castigado con máxima penalidad, urge que se tipifique como delito, pues crece impunemente, al no estar contemplado a nivel federal ni estatal, sostiene diputada de MC, Mónica Magaña Mendoza, tras urgir analizar la Ley de Prevención y Erradicación del Reclutamiento Forzado Infantil, a fin de conocer número víctimas, incrustadas a grupos delincuenciales bajo amenazas:

“… Esto permitirá que Jalisco, se convierta en el tercer Estado del país, en sancionarlo dentro de su Código Penal y el segundo, en contar con un sistema especializado de atención, prevención y erradicación. También decir que se enviará un mensaje contundente a los grupos criminales al imponer máximo castigo, por reclut6ar menores, estableciendo agravantes cuando el delito sea cometido por un familiar, un servidor público o una persona con autoridad sobre la víctima…”

Enfatiza que con ello se pretende garantizar la protección integral de familias en situación de vulnerabilidad, o son presa fácil del crimen organizado, que lamentablemente, ha extendido sus redes para convertir al reclutamiento forzado, en una problemática social, de ahí la urgencia de reducirlo o, más idealmente, frenarlo.
Por su parte, participantes en mesa de análisis sobre este flagelo, coincidieron en exigir a las autoridades, se generen políticas públicas que reconozcan a los menores reclutados como víctimas, prioricen la prevención y coordinen acciones entre municipios y el gobierno estatal para atender las causas estructurales de este fenómeno.
Del mismo modo, proponen que la Secretaría de Salud, brinde atención médica, psicológica y psiquiátrica a las y los afectados con enfoque diferencial y sean acompañados en su reincorporación familiar y social.
También que exista verdadera inclusión laboral, se habilite un refugio especializado fuera del Estado, para protección de los menores, establecer sistemas de alerta temprana, que identifiquen perfiles de riesgo, y delimitar modelos de atención, así como definir roles de las procuradurías, además de armonizar términos legales con reglamentaciones a nivel y estándares internacionales en la materia.