Leticia Arana
Dado que la trata de personas, también llamada “esclavitud moderna” sigue como flagelo en Jalisco y resto del país, urgen políticas públicas, basadas en una legislación que permita no solo frenar este delito, sino impartir justicia expedita, enfatiza, Celenia Contreras González, diputada emecista, al confirmar que promoverá la Ley Azul, para obligar a hoteleros, exigir documento que acredite la relación jurídica de menores de edad, con los adultos, a la hora hospedarse:
“… Se busca generar una atención en conjunto con la Secretaría de Turismo, para inhibir el delito de la trata de personas, establecer medidas preventivas y herramientas efectivas; también se pretende visibilizar y promover un diálogo coordinado. En este propósito, los prestadores de servicio de alojamiento, tendrían que denunciar cualquier intento de trata infantil, y como sociedad, debemos combatir juntos uno de los actos más condenables del ser humano y se evolucione hacia la ética…”
Por su parte, Martha Estela Arismendi Fombona, presidenta de la mesa directiva del Congreso, destacó la importancia de no postergar más, las acciones contundentes entre todos los órganos gubernamentales, a fin de combatir este crimen, pues es prioridad del Estado, garantizar los derechos humanos de quienes son violentados, a través de esta práctica.
En tanto, José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, explica que la trata, busca condiciones de vulnerabilidad de ciertos sectores de la población, e insistió en la necesidad de sensibilizar también al juzgador, durante los procesos de admisión de pruebas, así como fortalecer la educación, para reducir este agravio, fomentar la cultura de la denuncia, dar atención a las víctimas desde el ámbito psicológico, y, consolidar acciones interinstitucionales contra el crimen organizado.
A propósito, la Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez, que preside el diputado panista, Isaías Cortés Berúmen, aprobó el dictamen que reforma diversos ordenamientos jurídicos en materia de derechos humanos, atención a víctimas y desarrollo social, ello, con el fin de garantizar mayores mecanismos de protección y asistencia social, y con perspectiva de género; es decir, se busca cerrar brechas en la atención de quienes enfrentan condiciones de riesgo y marginación.
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