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Leticia Arana
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Guadalajara, Jalisco
La decisión del gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, de cancelar o rescindir anticipadamente contrato con Autotrafic, operadora del equipo para foto infracciones en Jalisco, del cual admitió irregularidades, y sumar descontento social, costará 100 millones de pesos, situación que pone al descubierto opacidades sobre destino de los mil 200 millones de pesos recaudados desde que inició tal programa, cuyos contratos con dicha empresa firmaron, Salvador González Reséndiz ex alcalde de Puerto Vallarta, siendo Subsecretario de Administración de la SEPAF, y Mauricio Gudiño Coronado, ex titular de la Secretaría de Movilidad, acusan los diputados de MC, Alejandro Hermosillo González y Augusto Valencia López:
“… Las fotomultas han sido el negocio de la corrupción de este sexenio, fueron Salvador González Reséndiz y Mauricio Gudiño, quienes operaron los contratos que se mantienen vigentes, con una empresa poblana para literalmente llevarse de la bolsa de los ciudadanos, mil 200 millones de pesos y eso no lo vamos a dejar ahí; la Contraloría tiene un arduo trabajo que realizar para dar claridad y certeza de que fue lo que sucedió con este programa, pero no va a parar ahí, vamos a solicitar una revisión financiera por parte de la Auditoría Superior de Jalisco, para que verifique la manera en que se llevaron a cabo estos cobros, como se utilizó el recurso público y como se ejecutaron las cláusulas del contrato… Aseguran que la empresa Autotráfic, ha establecido que el gobierno estatal, deberá realizar un pago para rescindir los servicios contratados por operar sus radares y cámaras, durante poco más de cuatro años que lleva la actual Administración Estatal:
“… Los cálculos nos llevan a los cerca de cien millones de pesos adicionales que se tendrían que pagar por parte del Estado a esta empresa por la cancelación anticipada de un contrato que tiene vigencia por unos meses más, gracias a los funcionarios de este gobierno…”
Reiteran que van a exigir una revisión financiera para saber el destino de esos mil 200 millones de pesos, a través un contrato vinculado a actos de corrupción.
Subrayan que han presentado tres iniciativas de ley, que por cierto están detenidas o atoradas, en algunas de las comisiones legislativas presididas por diputados del PRI, encaminadas a corregir el programa de Foto Infracción.
La primera, se refiere a la operación de cámaras, que deberán estar en lugares adecuados y bien calibradas, la segunda, crear un fideicomiso plural y ciudadano que decida el destino de los recursos y tercera, habilitar un programa de trabajo comunitario, talleres de concientización y progresividad en multas.
Cabe recordar que este pasado domingo, el Gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, anunció la cancelación de contrato con dicha empresa y modificación del esquema que estaría supervisado y auditado, toda vez que se adquirirá equipo para operarlo.
