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Bloquea PRI-PVEM en Senado parte fundamental de la Ley 3 de 3

miércoles, 15 de junio del 2016

Redacción Prensaglobal.com

Como un retroceso en la vida política del país, calificó la coordinadora del Consejo por la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno de Puerto Vallarta, Juanita Delgado, la votación del Senado de la República que dio marcha atrás a la publicación de las tres declaraciones: fiscal, patrimonial y de intereses por parte de los servidores públicos.

Si bien hubo avances y salieron adelante la mayoría de los puntos de la Ley 3 de 3, lo cual fue calificado por Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, como un importante logro ciudadano, es lamentable que un aspecto tan importante, y apoyado por más de 634 mil ciudadanos con sus firmas, haya sido desdeñado por el Senado.

A favor de la máxima publicidad de las 3 declaraciones votaron 51 senadores, en su mayoría del PAN y del PRD, y en contra votaron 59, principalmente del PRI y del Verde Ecologista.

Un dato relevante en el resultado de esta votación, fueron las abstenciones que, de no haberse dado, hubieran podido marcar la diferencia; se abstuvieron 17 legisladores: 4 del PAN, 3 del PRD, 3 del PRI, 6 del PT y uno del PVEM.

En el caso de Jalisco, los senadores priístas Jesús Casillas y Arturo Zamora votaron en contra, mientras que el panista José María Martínez ni siquiera acudió a respaldar a su bancada. En cuanto a los representantes de Nayarit, Manuel Cota no acudió y Margarita Flores e Hilaria Domínguez en contra y la panista Martha Elena García a favor.

A final de cuentas los legisladores presentaron un adéndum donde se afirma que sí se harán públicas las declaraciones, siempre y cuando esto no “atente contra su vida, su seguridad y el derecho constitucional a reservar su información personal”.

Hay que resaltar la importancia que tendría el haber aprobado esta ley íntegra para combatir la corrupción y la impunidad, habida cuenta de que México está en el lugar 105 de entre 176 naciones de todo el mundo en materia de corrupción, según informes de Transparencia Internacional y que ésta le cuesta a nuestro país alrededor del nueve por ciento de su Producto Interno Bruto.

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