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Carolina Gómez Aguiñaga
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Puerto Vallarta, Jalisco
En el Congreso de Jalisco, se presentó una iniciativa para que toda persona que impida el acceso a playas del estado sea castigado con seis años de cárcel y multas de hasta setenta mil pesos.
“Ni pequeños hoteles, ni grandes emporios, ni condominios de lujo, ni restaurantes, ni enramadas tienen autorización para apropiarse de la playa, pues ésta es para el goce y disfrute de todos”, expuso ante el pleno del Congreso, el diputado local por el quinto distrito Ramón Guerrero Martínez.
Indicó que únicamente por mandato de ley, o por dictado de una autoridad que exponga con claridad sus motivos, se pueden establecer horarios o reglas especiales para ingresar a la playa o permanecer en ella.
Entre las reformas, se plantea que en primer lugar, los ayuntamientos impongan las condiciones a la acción urbanística para asegurar que los predios colindantes a la playa garanticen su accesibilidad desde la vía pública.
En caso de desacato a dicha obligación se sancionará con rigor, llegando incluso, en caso necesario, a la clausura o a la demolición, además de imponer multas ejemplares de hasta un millón y medio de pesos, a quienes omitan este deber.
En segundo lugar, se reformaría la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en lo que se refiere a las facultades del Gobernador, con el objeto de otorgarle competencia para dictar reglamentos y normas técnicas que materialicen este derecho, y al mismo tiempo, responsabilizar a la SEMADET para que haga efectivas estas disposiciones.
En tercer lugar, también se contempla una adición a las atribuciones de los gobiernos municipales, conminándolos a que reglamenten y provean lo necesario para garantizar, en lo general, el derecho al espacio público, y en lo particular, el derecho específico a disfrutar de la playa.
Por último, se proponen modificaciones al Código Penal del Estado para equiparar la negativa de acceso a la playa como una variante del delito de obstrucción a las vías de comunicación. De esta manera, todo atentado personal contra el derecho de playa será sancionado con penas de hasta seis años de prisión, y multas de hasta setenta mil pesos.
Guerrero Martínez, consideró que es indispensable que los ciudadanos estén alerta ante cualquier abuso o negativa para ingresar a la playa, pues deben de estar seguros que tienen la total y plena libertad de denunciar cualquier atropello por parte de particulares.
Al terminar su participación ante el Pleno, recordó que se habilitó una cuenta en la red social Twitter para recibir denuncias, mismas que serán canalizadas a las autoridades correspondientes. La cuenta es @PlayasLibresJal.
