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Leticia Arana
Puesto que persiste en Jalisco, ineficacia en licencias de uso de suelo, correspondiente a inmuebles utilizados como alojamiento temporal, promovidas por plataformas digitales, entre estas, Airbnb, se hace necesaria una reforma para regular su funcionamiento, así como establecer un impuesto a las viviendas deshabitadas, afirma diputada promotora de esta iniciativa, Mariana Casillas Guerrero, al enfatizar la necesidad de resolver la especulación inmobiliaria:
“…Esto ha generado efectos visibles en el encarecimiento de rentas, la expulsión de habitantes hacia las periferias y la transformación de zonas residenciales en espacios de alta rotación turística. Este problema motiva soluciones que no pueden esperar, ante la necesidad de que muchos trabajadores o trabajadoras, tengan acceso o posibilidades, de acceder a una vivienda; lo que está en juego, no es solo una plataforma o un impuesto, sino el modelo de ciudad que queremos construir en Jalisco…”
Detalla que, según datos oficiales, esta Entidad, cuenta con más de 450 mil viviendas vacías, mientras que la capital del Estado, enfrenta un déficit habitacional importante, debido a la concentración social por cuestiones de empleo y comercio.
Subraya que su propuesta contempla crear un padrón estatal de inmuebles dedicados al hospedaje temporal y registrar número de plataformas tecnológicas que los gestionan, además de un esquema que exija requisitos para las licencias de uso de suelo, seguros de responsabilidad civil, límites de operación por regiones y un tope de noches al año, en que se pueda rentar una vivienda con fines turísticos; se trata, añade, de salvaguardar la vida comunitaria y brindar herramientas claras para usuarios, vecinos y autoridades municipales.
Respecto al impuesto a las viviendas deshabitadas, excepto aquellas por causas justificadas o que pertenezcan a personas con menos de tres propiedades, indica que el objetivo es desincentivar el uso especulativo y fomentar su incorporación al mercado de la vivienda social.
La ciudad, agrega, no debe verse como una mercancía, sino como espacio común que garantice el derecho a habitarlo con dignidad. Esto, explica, formaría parte de un ordenamiento territorial alineado a experiencias internacionales, que permitan a los municipios regular zonas de alto impacto turístico y diseñar políticas públicas, que atiendan necesidades de sus habitantes; reitera que se buscan reglas claras frente a fenómenos masivos de especulación, que impactan el acceso a la vivienda.
