Proceso de Extinción del ITEI en Jalisco, Sin Certeza Jurídica Ni Garantías para su Personal: Comisionados Ciudadanos

Leticia Arana

La reforma constitucional aprobada por diputados del Congreso estatal, el viernes pasado, para extinguir el ITEI, Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales, en Jalisco, prácticamente lo lleva a un desmantelamiento y sin certeza jurídica, pues no contempla garantías para acceder a la información, tramitar y resolver medios de impugnación, ni asegurar indemnización a su personal actual, sostienen comisionados ciudadanos del mismo:

“…Nos parece lo más delicado, el que se establece una suspensión de plazos en la tramitación y resolución de los medios de impugnación por 90 días, pero al mismo tiempo, se prevé un plazo de 180 días naturales, para realizar las reformas a las leyes estatales que se requieran; eso implicaría que, durante 90 días, la Contraloría del Estado, deberá resolver los medios de impugnación, sin contar con una legislación secundaria armonizada, que le conceda atribuciones específicas, ni instancias especiales para lograrlo, lo que en la práctica conllevará la emisión de resoluciones carentes de cualquier fundamento legal…”

Manifiestan que a nivel federal, la extinción del INAI, como organismo garante nacional, se realizó de manera ordenada después de aprobarse una legislación secundario que permitió crear la instancia “Transparencia para el Pueblo”, con el fin de recibir todos sus asuntos , trámites y el patrimonio , es decir, operó mediante un esquema de entrega-recepción adecuado que no tiene o se le autorizó al ITEI, Jalisco.
Subrayan que no existe ninguna prohibición en la Constitución Federal ni en la Ley General de Transparencia, para que el organismo local, pueda seguir funcionando hasta la expedición de las leyes secundarias que establezcan atribuciones y mecanismos para que la Contraloría del Estado, asuma el papel de Autoridad Garante Local.
Reiteran que todo esto pone en riesgo los derechos laborales, entre los que destaca pago de tres meses de indemnización al personal afectado, ya que no se contempla , además de presupuesto, el destino o reacomodo de los trabajadores, así como lo bienes o activos institucionales, pues se pretende desaparecer de un plumazo una institución clave, sin atender el impacto operativo, jurídico y humano.
Tanto, Olga Navarro Benavides, aún de comisionada presidenta, como Salvador Romero Espinoza y Pedro Antonio Rosas, ambos comisionados ciudadanos, solicitan al Congreso, una transición digna, estructurada y legal, así como salvaguarda efectiva de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de las y los jaliscienses.
Cabe destacar que el ITEI, logró integrar o sumar a más de 500 sujetos obligados, o entes públicos, para fomentar la cultura de la transparencia, sobre el ejercicio de recursos públicos.