Leticia Arana
Toda vez que Jalisco, ostenta el primer lugar nacional por más de 16 ml personas desaparecidas y haber elevado en 600 por ciento, número de fosas clandestinas, demostrado clara ineficacia para su búsqueda o localización, urge que la Fiscalía Especial para Desaparecidos, dependiente de la Fiscalía General, tenga autonomía de gestión y presupuestal, como sucede con las de Delitos Electorales y Anticorrupción, afirma diputada de Morena, Claudia García, al proponer reforma constitucional que lo permita:
“…Los municipios que concentran el mayor número de cuerpos, en el periodo de diciembre de 2018 a junio de 2021, se encuentran en los Estados de Jalisco, Colima, Sinaloa y Sonora y desgraciadamente y penosamente, se mantiene en el número uno a nivel nacional en desaparecidos y fosas clandestinas con más de 16 mil personas. Esto que sucede en Jalisco, es muy lamentable, no debiera de suceder en ninguna parte de la República, en ningún lugar o municipio, sin embargo, sucede, por eso en un ejercicio de parlamento abierto, nos hemos sentado a escuchar sus demandas y críticas a este sistema de justicia en nuestro Estado, que ha sido ineficaz para buscar y encontrar a sus familiares y castigar a los culpables de las desapariciones. Las cifras que hay en el Estado, son lamentables, no se puede soslayar el grave problema la desaparición de personas. Hay miedo de no regresar a casa, y hartazgo ante esta situación, en la gente…”
Justifica la necesidad, de una iniciativa de Ley, que adicione y reforme los artículos 35 y 53 de la Constitución Política Estatal, ante la falta de avances y atención, en el creciente problema sobre desaparición forzada en esta Entidad. Ratifica que organismos y colectivos por esta causa, han pedido al Congreso estatal, ordenar la independencia de la Fiscalía Especial en Personas Desparecidas, el despido de su titular, Blanca Jacqueline Trujillo y que su remoción, sea realizada por el poder legislativo, no el Ejecutivo.
Reitera que la propuesta de reforma legal, hará que la referida Fiscalía, deje de estar tutelada directamente por la Fiscalía General, además de que su nuevo o nueva representante, sea nombrado por los diputados, a través de la emisión de una convocatoria pública y abierta a la sociedad.