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Por : Leticia Arana
Municipios de Jalisco, estarán facultados para aplicar sanciones administrativas, a quienes nieguen servicios o acceso a comercios, a personal médico o de salud, recientemente objeto de agresiones verbales, discriminado o subestimado injustificadamente, durante esta Pandemia Coronavirus, afirma, Gerardo Ballesteros, Subsecretario de Derechos Humanos, al presentar Estrategia Estatal de Prevención y Protección para Trabajadores de la Salud :
“…Hemos iniciado un trabajo con el gobierno y los gobiernos municipales, para enfrentar principalmente todos los aspectos frente a este fenómenos. Trabajamos puntualmente la atención de casos ya lamentablemente sucedidos con la Fiscalía de Estado, en las que hemos dado seguimiento sobre los cursos de investigación, carpetas y detenidos y nosotros aunaremos en esa visión de justicia con medidas de sanción administrativa y de sanción por discriminación…”
Precisa que se elaboran medidas de prevención y justicia, que garanticen la seguridad de estos trabajadores y/o profesionales, como reforzamiento de vigilancia policial en los cambios de turno, acompañamiento en rutas de unidades de conexión de personal, socialización de información con vecinos y locatarios, intervención de espacios públicos, seguimiento de denuncias en agencias especiales para atender agresiones, acompañamiento víctimas, supervisión de zonas que representan amenazas y derivación de métodos de resolución de conflictos, en caso de que las afectaciones no constituyan delitos.
Exhorta presentar quejas sobre estos casos, en el centro de atención telefónica, a los números: 33 27 16 97 62, 33 20 80 45 77 y 33 15 40 74 14.
Por cierto, Fiscalía del Estado, acumula, 24 denuncias por agresiones contra personal médico , por las que vincularon a proceso a cuatro presuntos atacantes y están turnados ante Juzgado , otros dos, por atentado a la dignidad de las personas, daño en las cosas y amenazas.
Cabe recordar que a fines de abril pasado, el Congreso Estatal, aprobó reforma a los artículos 202 y 203 del Código Penal, para castigar a quienes agredan, obstruyan e impidan labores de citado personal, de instituciones públicas o privadas, así como el de elementos de seguridad o protección civil y bomberos. En el dictamen, se señalan multas de 17 mil pesos o hasta ocho años de cárcel, para agresores reincidentes; por ello, envió exhorto a los 125 municipios, con el propósito de que modifiquen sus reglamentos.
