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Leticia Arana
La aparición de nuevas formas de delinquir en el contexto electoral, hace necesaria o urgente, una reforma a la Ley en este rubro para Jalisco, pues incluso se muestra blanda por ejemplo, frente al peculado relacionado, pues contempla inhabilitación de solo seis años a funcionarios que desvía recursos públicos a campañas, cuando debería al menos triplicarse, o extenderse a 20 años, considera, el Fiscal Especializado sobre esta materia, Ricardo Suro Gutiérrez:
“…Considero que es blando en virtud de que el propio código penal local, en su artículo 148, establece la pena para el peculado y la pena va de dos a doce años. La diferencia de un peculado simple a un peculado electoral, tiene que ver con la afectación al bien jurídico tutelado, es más grave un desvío de recursos públicos a campañas, que un simple desvío de recursos público, por lo que se debería de ser inversa la sanción, debería de ser más grave el peculado electoral, que un peculado simple, y por su lado, la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por seis años, el artículo 13 de la Ley Federal de los Servidores Públicos , establece una inhabilitación hasta por 20 años como sanción a los servidores públicos que comentan alguna irregularidad, vemos que la Ley Electoral topa en seis años, cuando la Ley Federal, lo lleva hasta 20 años, hay una disparidad importante, haciendo énfasis de la trascendencia de una mala conducto involucrada con un proceso electoral, a una falta, en un ámbito competencial…”
Habla de establecer también penas específicas para candidatos independientes, toda vez que durante el proceso electoral pasado, incurrieron en defraudación al recabar apoyos ciudadanos, aspecto no previsto en el código penal. Del mismo modo tampoco hay sanción para quienes ejercen violencia política, traducida en amenazas a candidatas y candidatos, autoridades locales e instancias partidistas.
Destaca a su vez la tendencia a delitos por internet o redes sociales, muy novedosos en procesos electorales , entre estos, el Hacking, Craking ,robo de Identidad, o Ciber Terrorismo, que implican intromisión y presión a los electores, incidiendo en su percepción respecto a aspirantes, utilizando recursos económicos, difícilmente auditables en áreas de fiscalización, para los partidos políticos:
“… Se nos cuestiona mucho de sí hemos consignado, cuántas gente hay en la cárcel por un tema de un delito electoral, sin embargo debemos recordar que el nuevo sistema de justicia penal , ve como última opción, el tema de la prisión, vemos una justicia restaurativa…”
Por su parte, Erika Ramírez Pérez, diputada por el PVEM, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, enfatiza la necesidad de analizar profundamente, si el proceso judicial para este aspecto, empata o es adecuado al tiempo que vive Jalisco y resto del país.
